La discusión sobre las marchas del 13 y del 27 de noviembre de este año, no escapa al sector más informado del país ni a los medios de información físicos y digitales.
Las marchas son una muestra más de la desafortunada polarización que se vive en el país, claramente promovida desde palacio nacional. Veamos sus diferencias, consecuencias y retos para las sociedades civiles organizadas.
Diferencias
Ante las reiteradas muestras de autoritarismo y centralización del poder por parte del presidente a lo largo de casi cuatro años de gobierno, y ante el temor de la ciudadanía de que capturara otro órgano autónomo más a través de su retrógrada iniciativa para reformar la constitución en materia electoral, en la que claramente le da ventajas a MORENA para eventualmente permanecer por mucho tiempo en el poder, la marcha del 13 de noviembre, planeada y convocada por la sociedad civil organizada, tuvo como objetivo mandar un mensaje al presidente y a los legisladores que los ciudadanos estamos dispuestos a defender nuestras instituciones electorales: el INE y el TEPJF.
Una vez difundida la invitación a través de redes sociales, ciudadanos, sociedades civiles y políticos de oposición comenzaron a promoverla. Los líderes de opinión se dividieron: los más objetivos narraron los hechos que antecedieron a la invitación de la marcha y a las reacciones públicas, mientras que los comunicadores que apoyan al régimen hicieron, una vez más, su nado sincrónico dictado desde palacio nacional para desprestigiarla. No hubo otro tema de mayor importancia en las mañaneras de dos semanas anteriores a la marcha, que la propia marcha. El grado de enojo presidencial fue en aumento e inclusive retó a los marchistas a que fueran al zócalo para ridiculizarlos posteriormente porque aseguraba que iba a ser muy pequeña.
El día de la marcha, ciudadanos vestidos de rosa y blanco, primordialmente de clase media, orgullosamente acudimos libre, espontánea y pacíficamente a manifestarnos en 57 ciudades del país en defensa de una causa abstracta: la defensa de las referidas autoridades electorales. Por lo que respecta a la marcha realizada en la Cuidad de México, los análisis más creíbles oscilan entre los 650 mil a 850 mil participantes. Fue todo un éxito ciudadano. José Woldenberg terminó su discurso antes de que muchos de nosotros pudiéramos entrar a la Plaza de la República.
A diferencia de la marcha ciudadana, la llamada contra marcha organizada por el gobierno fue una reacción colérica del presidente porque usó reiteradamente las marchas desde la oposición durante 18 años y sabe del poder de manifestarse en las calles.
De entrada, se usó la mañanera, medio digital de difusión nacional, para promoverla. Ahí mandó instrucciones para que los gobernadores y presidentes municipales cumplieran con una cuota de llevar adeptos. El metro de la CDMX estaba plagada de posters anunciando la marcha y el discurso del cuarto año de gobierno. Los operadores políticos de MORENA siguieron sus instrucciones.
El día de la marcha fue evidente el acarreo. No está prohibido el acarreo; es más, se usa en muchos lugares del mundo. Sin embargo, todo parece indicar que hubo coerción (amenazas de retiros de programas sociales, ceses y otros castigos laborales) y uso de recursos públicos (renta de camiones, hospedajes, alimentos y compensación de 300 a 500 pesos) en ese acarreo, lo cual, por lo menos, implicaría una desviación de recursos públicos. Además de los acarreados coercitivamente, seguramente hubo un buen número de adeptos que tienen gran admiración por el presidente y decidieron acudir a su llamado para apoyarlo. Están en su derecho de hacerlo.
Oficialmente hablan de más de un millón de personas. Con ello López mostró su poder de movilización, ya sea por amor o por coerción. Se tardaron muchas horas en llegar al zócalo, claramente una muestra de falta de organización política, y hubo personas que se desvanecieron por estar muchas horas en el sol. Aunque llegaron muchas personas al zócalo, después de pasar lista decidieron irse a pasear, al grado que, en el momento del discurso del presidente, la plaza lucia semi vacía. No hablaremos del discurso porque fue dar, una vez más, un cúmulo de datos que no corresponden con la realidad.
Consecuencias
La marcha ciudadana tuvo un doble éxito. Por un lado, fue una grata sorpresa la cantidad de participación ciudadana, no nada más en la CDMX sino en el resto del país. Ni los grupos organizadores ni el oficialista estimaron que fuera de esa magnitud. Eso pone en claro la importancia que representa el INE y el TEPJF para los ciudadanos. Por otro lado, la presión de la marcha ciudadana tuvo claro y efectivo mensaje en los legisladores de oposición. No nada más participaron en la marcha, ya fuera de manera colectiva o como ciudadanos, pero inmediatamente hubo declaraciones públicas de que la iniciativa enviada por el presidente para reformar la constitución no pasaría porque votarían en contra.
La marcha oficialista tuvo éxitos y fracasos. Por un lado, la muestra de músculo político fue importante para demostrar que el partido en el poder tiene fuerte capacidad de movilización, pero, por otro lado, la movilización puedo haber incurrido en delitos comunes y electorales. De acuerdo con un artículo reciente de Darío Celis, calcula que el costo de la marcha fue de 1780 pesos, que va contra la narrativa de austeridad del gobierno y del costo excesivo de operación del INE. Si bien ya hay denuncias presentadas y artículos periodísticos que soportan lo anterior, los partidos de oposición deberán esclarecer la fuente de financiamiento de la marcha y el posible desvío de recursos públicos, para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Lo que quedó claro es que el presidente y MORENA harán hasta lo imposible por movilizar a sus bases, coaccionar el voto, acarrear con recursos públicos y recibir apoyo de la delincuencia organizada, tal como lo hicieron en la revocación de mandato, para llevar a votar al mayor número de personas en las jornadas electorales del 2023 y 2024. Ya sabemos que violar la ley no es importante para ese partido político, ya que sus principales actores no tienen el menor recato ni escrúpulo. Debemos estar conscientes que están en juego nuestra democracia, libertad y estado de derecho. Debemos redoblar esfuerzos.
Retos para las sociedades civiles organizadas
La primera sugerencia es de logística. Si bien hubo el mayor éxito de la marcha ciudadana fue la participación de un gran número de manifestantes, el lugar del discurso se debió haber cambiado del Monumento a la Revolución al zócalo, para que tuviera un mayor impacto político. Para hacerlo posible, sugiero contar con un camión que jale una plataforma para usarlo como templete y conectar unas potentes bocinas para poder tener mayor flexibilidad de cambio de la sede del discurso.
Pero un reto mayor es organizar las acciones colectivas para lograr una mayor presión ciudadana sobre los legisladores de oposición para se comprometan a votar en cierto sentido. He visto mecanismos digitales que llevan a ese objetivo, pero creo que falta una estrategia de difusión.
Otro reto es ir teniendo cada vez un mayor número de pláticas a través de redes sociales con personas especializadas en diferentes temas para que la ciudadanía vaya tomando conocimiento de esos temas. Una ciudadanía informada es justo lo que necesita la oposición para vencer a MORENA en 2023 y 2024 porque la coerción que utiliza está basada en mentiras o en violaciones a la ley. México Unido está haciendo un buen esfuerzo en este sentido.
Sugiero pensar en la o las siguientes marchas sobre temas de importancia, como la seguridad y la economía. Partiendo de la base de que los tratados y acuerdos internacionales vinculan jurídicamente a dos o más países y, por lo tanto, a sus habitantes, yo analizaría la conveniencia de marchar ante la embajada de EUA. Estaríamos ejerciendo nuestra libertad de manifestarnos y, al mismo tiempo, estaríamos exigiendo a nuestra contraparte firmante que presione a nuestro gobierno que respete el estado de derecho, la democracia y las libertades.
Ya hay señales de alarma en medios y autoridades de EUA sobre lo que acontece en México. Recientemente el Washington Post alertó que la democracia mexicana estaba en riesgo con la iniciativa del presidente López Obrador, y el New York Times señaló la “venozalización” de México. El exembajador de EUA en México, Christopher Landau señaló que veía a AMLO “muy pasivo ante los cárteles del narco” y hace un par de meses el gobernador Abbott, a través de una orden ejecutiva, designó a los cárteles mexicanos como terroristas; hay voces en el Senado de EUA pidiendo lo mismo.
La controversia en materia comercial es inocultable. El gobierno de México seguramente perderá el panel en materia energética, el cual podrá iniciarse en cualquier momento por los gobiernos de EUA y Canadá. No obstante lo anterior, al parecer, sucederá lo mismo con el maíz amarillo por ser transgénico.
Hay una agenda común de temas domésticos en ambos países, tales como migración, cambio climático, escasez de agua, control de la pandemia, seguridad, combate al narcotráfico, seguridad energética, ciberseguridad, que tienen impacto trasfronterizo. Además, el gobierno de EUA está regresando las cadenas productivas a su país o a países cercanos (friendshoring y nearshoring) para depender menos de China y fortalecer su posición geopolítica en el mundo.
En todo este breve contexto, yo aprovecharía las coyunturas y presiones políticas que se están dando a nivel internacional para que, como sociedades civiles organizadas, metamos mayor presión para cuidar nuestros intereses. Si el presidente está dispuesto a doblar su apuesta para concentrar poder, nosotros debemos estar dispuestos a doblar nuestra apuesta para defender nuestra constitución.
Alejandro Reza Garduño Díaz
